LA PRENSA | MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2024
A las y los candidatos a puestos de elección popular, les exigen que se comprometan a respetar las convenciones internacionales y no permitan que las grandes corporaciones influyan
Foto Patricia Carrasco / La Prensa
Organizaciones de la Sociedad Civil llaman a las y los candidatas que disputan cargos de elección popular, en el proceso electoral 2024, a anteponer los intereses públicos por encima de los intereses corporativos, a ser garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones de la interferencia corporativa recomendadas por organismos internacionales.
Las organizaciones que presentaron pruebas de esta interferencia están: Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida; Cambiémosla Ya!, El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), exigen a candidatos que se comprometan a no permitir la interferencia de la Industria en Políticas Públicas, como ha sido en varias administraciones.
A las y los candidatos a puestos de elección popular, les exigen que se comprometan a respetar las convenciones internacionales y no permitan que las grandes corporaciones influyan en decisiones de política pública relacionadas con la salud de millones de mexicanos.
Denuncian constante interferencia de las grandes corporaciones
En una conferencia de prensa, los titulares y activistas de las organizaciones antes citadas exigen el establecimiento de políticas efectivas de transparencia, de rendición de cuentas y la promoción de buenas prácticas de gobernanza en materia de conflicto de interés.
Los activistas denunciaron las constante interferencia de las grandes corporaciones (mineras, tabacaleras, alcoholeras, ultraprocesados, bebidas endulzadas, agroquímicos, productoras de plásticos, y extractoras de agua) en las políticas y normativas aplicadas para las distintas regulaciones de sus productos y prácticas con impactos negativos sobre la salud pública, el medio ambiente y la garantía de los derechos humanos.
Mediante diferentes ejemplos, listaron la intimidación y difamación, el socavo a la ciencia, acciones legales, la captura de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, la creación de coaliciones y grupos frontales, así como, la autorregulación, las puertas giratorias y la centralización del debate en la importancia económica, como algunas de las estrategias que utilizan para debilitar y restar responsabilidad al Estado.
Las y los integrantes de las organizaciones se pronunciaron acerca de los diferentes temas sobre los que hacen incidencia las organizaciones.
Ornela Garelli, campañista de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, se refirió a las empresas productoras y comercializadoras de productos plásticos de un solo uso que “proveen muchos ejemplos de interferencia corporativa ya que tienen un largo historial de acciones de diverso tipo (amparos, presión directa a autoridades, uso de cabilderos, etc.) para evitar la reforma de leyes, como el caso de la Ley General de Residuos, la aprobación de nuevas regulaciones, el retraso de su entrada en vigor o incluso su cancelación (como las prohibiciones de plásticos de un solo uso en los estados).
La interferencia ha sido tan fuerte que ha logrado bloquear mayores avances en la lucha contra la contaminación por plásticos en México, y ha evitado que existan regulaciones que les pongan freno a estas empresas contaminantes”
Evidencian vinculo entre empresas y presidentes
Yahaira Ochoa de Salud Justa Mx citó que “existe evidencia de cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso y en otros niveles de gobierno para detener o entorpecer las políticas públicas para el control del tabaco. Recientemente, a través de grupos de fachada interpusieron más de dos mil amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, echando atrás la prohibición de la exposición de tabaco en los puntos de venta, entre otras medidas.
Arturo Sabines vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) citó el ejemplo de la Senadora Lilia Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud en el Senado, “quién presentó una iniciativa para regular la venta de alcohol en los estadios y fue objeto de una fuerte presión por parte de empresas alcoholeras y de aliados, incluidas las televisoras y asociaciones deportivas para que esta no prosperara”.
Durante sexenios, el vínculo y colaboración de directivos de estas empresas con presidentes de la república las protegió de toda política.
En su oportunidad, Andrea Moctezuma de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida enfatizó que Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! expuso que la Ley de Minería, aprobada hace un año en ambas Cámaras legislativas, “ha sufrido los embates de las corporaciones desde que comenzó a ser planteada por la Colectiva y han llevado a que hoy esté sujeta a un proceso de acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue interpuesto por todos los diputados de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD.
Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, aseveró: “no podríamos explicar la grave situación de salud que vivimos en México, como las declaradas epidemias de obesidad y diabetes, sin la captura del Estado por las corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas. Más de 5 exsecretarios de salud mantuvieron relación con la Fundación Mexicana para la Salud creada por la iniciativa privada, todos ellos bloqueando las políticas para regular los productos chatarra y las bebidas azucaradas, además de haber bloqueado las recomendadas de la OMS para reducir el impacto del consumo de alcohol y tabaco. Cada regulación es combatida por estas corporaciones, más recientemente, con cientos de amparos contra el etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas, buscando aliados en los ministros de la Suprema Corte, al mismo tiempo que tiene detenidos los lineamientos para publicidad de estos productos, incumpliendo los tiempos para su publicación, y los lineamientos para su venta en escuelas”.
Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo ANEC, hizo mención a que “desde hace décadas la sociedad civil en México ha dado una intensa batalla por el cumplimiento del derecho humano a la alimentación.
Uno de los grandes impedimentos para alcanzar la soberanía alimentaria es el control corporativo del sistema agroalimentario, en el cual 4 monopolios controlan el 67%, del mercado mundial de semillas, 10 controlan el 95% del sector de agroquímicos, 10 controlan el 41% del mercado de fertilizantes y cuatro controlan el 90% del comercio de granos.
Recientemente, entre muchos otros ejemplos, la interferencia de estos corporativos en la producción agrícola se ha hecho evidente en el caso del Decreto emitido en 2020 y modificado en 2023 por el gobierno mexicano para la prohibición a partir de marzo de este año, del uso del glifosato por ser un herbicida altamente peligroso, con daños comprobados en la salud y el medio ambiente.”
Las ONGS señalaron que es de vital importancia que las candidatas y los candidatos sumen a su agenda política las recomendaciones internacionales para mitigar la interferencia corporativa.