El campesinado sin cabeza en México

Artículo publicado en La Jornada del campo Número 48 (17 de septiembre de 2011)

El campesinado sin cabeza en México

Por un referente campesino nacional autónomo y de izquierda

Víctor Suárez

A Guillermina Suárez Carrera.

Una vida plena de trabajo, alegría

y entrega amorosa a los demás.

A casi 50 años de la publicación del Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, me atrevo a retomar la idea central de José Revueltas pero referida a las clases subalternas en el medio rural, en sentido de que “el campesinado mexicano no tiene cabeza” y que es ineludible y urgente abordar y resolver este problema político central, si es que queremos y debemos cambiar el modelo agroalimentario y de “desarrollo” rural neoliberal y sustituirlo por un nuevo paradigma que revalorice la agricultura campesina con equidad y sustentabilidad; recupere la soberanía alimentaria, y reconozca plenamente los derechos individuales y colectivos de ejidos, comunidades, pueblos indios, campesinos y campesinas, jornaleros agrícolas y de la población rural en general, estableciendo un nuevo pacto histórico con las fuerzas nacionalistas, democráticas y progresistas de las ciudades, en el marco de la lucha por un nuevo proyecto de nación.

La crítica central de Revueltas a los partidos comunistas existentes en esa época (el Comunista Mexicano y el Obrero-Campesino Mexicano) estaba dirigida a su falta de independencia política respecto de la clase en el poder y su alejamiento de un proyecto histórico de emancipación del proletariado.

En las tres décadas recientes, el campesinado mexicano ha sufrido ininterrumpidamente una verdadera estrategia de exterminio, despojo, exclusión, empobrecimiento y deportación, que no solamente se explica por el gigantesco poder de las corporaciones multinacionales, la hegemonía neocolonizadora estadounidense y la complicidad de las élites económicas y políticas nativas, sino también por la ausencia de una resistencia nacional campesina y la debilidad, desorganización, división, inmediatismo y falta de independencia política -en muchos casos- de los movimientos y organizaciones campesinas de nuestro país. Salvo la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 y el Movimiento El Campo no Aguanta más (MECNAM) entre 2002 y 2003, el campesinado mexicano no ha sido capaz de articular un desafío significativo al neoliberalismo, con movilizaciones relevantes, con discursos nuevos y con una agenda autónoma, comprensible y de alcance nacional.

El presente artículo tiene como propósito proponer y alentar el debate en torno a cómo dotar al campesinado nacional de un referente nacional amplio, autónomo, genuino, plural, de lucha y con un proyecto histórico de izquierda, que contribuya al mismo tiempo a la lucha del pueblo mexicano para remover a la oligarquía del poder, recuperar la soberanía nacional y propiciar la transformación del país.

El MECNAM: cuando estuvimos cerca. En el contexto de la continuidad de las políticas anticampesinas y de dependencia alimentaria impulsadas por el llamado gobierno de la alternancia y el “cambio”, y de cara a la penúltima etapa de liberalización del comercio agroalimentario prevista por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el uno de enero de 2003, diversas organizaciones campesinas (AMUCSS, ANEC, CCC, CEPCO, CIOAC, CNOC, CNPA, CODUC, FDCCh, Red Mocaf, Unofoc y UNORCA) lanzaron a la nación en octubre de 2002 el manifiesto ¡El campo no aguanta más! Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano.

En dicho manifiesto, que posteriormente dio nombre a uno de los movimientos autónomos más importantes en las décadas recientes para dotar de cabeza al campesinado mexicano, se estableció lo siguiente: “Somos organizaciones campesinas, somos frentes nacionales y regionales, somos organizaciones productivas, somos empresas rurales. Estamos en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional. Venimos luchando desde hace años para que la agricultura sea un modo digno de vida para las familias del campo. Venimos luchando para que nuestro país recupere la soberanía alimentaria, para que nuestros compatriotas de la ciudad dispongan de alimentos baratos de buena calidad; para que la industria tenga materia prima suficiente y genere empleos bien remunerados. Venimos luchando por preservar y mejorar nuestros recursos naturales. Venimos luchando por los derechos y la cultura de los pueblos indios”.

Las demandas centrales que enarboló el MECNAM (ver recuadro) representaron no sólo un pliego de reivindicaciones inmediatas, sino al mismo tiempo una agenda autónoma de cambios de fondo al modelo neoliberal hacia el campo y una propuesta para construcción de alianzas con los movimientos urbanos e indígenas del país. Más adelante, el manifiesto del MECNAM sirvió para elaborar con más profundidad y alcance un documento programático denominado Propuesta de Acuerdo Nacional para el Campo: Por el desarrollo de la sociedad rural y la seguridad y la soberanía alimentaria con campesin@s, como elementos fundamentales del Proyecto de Nación de México en el siglo XXI, al que Víctor Quintana nombró más sintéticamente y con más tino como Plan campesino siglo XXI.

El MECNAM desarrolló una estrategia de lucha efectiva, innovadora, creativa, descentralizada y sin protagonismos para impulsar sus demandas hasta colocar el tema del campo, por primera vez en décadas, en la agenda política nacional.

Es importante recordar que la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Congreso Agrario Permanente (CAP) se vieron obligados posteriormente a sumarse a la iniciativa del MECNAM, configurando un bloque campesino amplio y plural.

Estos hechos obligaron al gobierno federal a dialogar y a negociar las demandas del MECNAM al más alto nivel, de tú a tú, desde la autonomía e iniciativa campesinas, con su propio programa y el respaldo de la opinión pública, lo que derivó en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) en abril de 2003. Más allá del debate de si debió o no firmarse el ANC, lo más relevante radica en la capacidad de unidad, iniciativa y propuesta del movimiento campesino para representar y luchar por un programa de transformaciones de fondo.

Después de este gran logro, el movimiento campesino se desarticuló y dividió concentrándose una parte de las organizaciones en las reivindicaciones inmediatas y en el reagrupamiento en torno a las organizaciones tradicionales -CAP-, debilitando la cohesión y movilización permanente para asegurar el cumplimiento del ANC y perdiendo una oportunidad histórica para conformar un referente nacional campesino autónomo, antineoliberal y de izquierda, independiente de la CNC y del CAP.

Las lecciones. No obstante que el MECNAM representó el máximo avance en la época contemporánea de las luchas campesinas en México, el resultado neto fue una derrota estratégica cuya responsabilidad corresponde, esencialmente, a las propias organizaciones campesinas al desunirse, desmovilizarse y concentrarse en las reivindicaciones inmediatas y gremiales, favoreciendo la acción gubernamental de elusión de compromisos, cooptación y división.

De 2003 a 2011 se profundizó la política neoliberal hacia el campo con las consecuencias de todos conocidas: mayor desigualdad, pobreza y hambre en las zonas rurales, indígenas y urbanas; crecimiento de la dependencia alimentaria, la migración rural y del deterioro de los recursos naturales; concentración de los mercados, inversiones, créditos, subsidios, exenciones fiscales, asistencia técnica y desarrollo tecnológico, etcétera, en un reducido número de grandes corporaciones agroalimentarias y agricultores; mayor vulnerabilidad frente a la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios; encarecimiento de la canasta alimentaria básica; crecimiento económico sectorial cero, etcétera.

Asimismo, desaparece prácticamente la interlocución del Estado con las organizaciones campesinas autónomas y se fortalece y concentra aún más la interlocución con los organismos comprometidos con el modelo neoliberal y las corporaciones, el CNA y la CNC.

Por su parte, el gobierno panista aprende la lección de las jornadas de movilización del MECNAM: hay que neutralizar y debilitar las expresiones autónomas y genuinas del campesinado en México y reproducir las enseñanzas del régimen priista: controlar, cooptar, dividir y corporativizar a las organizaciones y los movimientos campesinos y crear con los recursos públicos una clientela rural propia.

A continuación, se presenta un apretado recuento de los avances del neocorporativismo campesino de derecha en esta etapa (2003-2011):

  • Transformación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural (CMDRS) en un espacio de control y simulación, inútil para el diálogo, la deliberación, la construcción de propuestas, la concertación y la rendición de cuentas entre las organizaciones campesinas y el propio gobierno federal, con lo cual se incumple el mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se soslaya algo que se exigiría en cualquier sistema democrático.
  • Cooptación del CAP, con la oposición de la mitad de sus centrales agremiadas, para respaldar y otorgar “legitimidad campesina” a las decisiones gubernamentales anticampesinas, a favor de las corporaciones y la dependencia del exterior, así como para transformarlo en el brazo electoral campesino del panismo (véase el reciente acto del 4 de septiembre en Morelia en apoyo a la campaña electoral de la hermana de Felipe Calderón para la gubernatura de Michoacán).
  • Reclutamiento de un buen número de centrales campesinas priistas e intervención en la vida interna de organizaciones campesinas autónomas para dividirlas así como crear organismos filopanistas a modo, con base en sendos cañonazos de recursos públicos.
  • Creación, de la noche a la mañana, de cientos de siglas y “organizaciones” campesinas, indígenas, de mujeres y jóvenes rurales a lo largo y ancho del país, vía acceso privilegiado y discrecional de abundantes recursos públicos, como brazo electoral del PAN, destacándose entre otras, Unimoss, la CNC panista.
  • La mayor parte de los delegados federales de las dependencias con vinculación al campo no tienen perfil técnico ni de servidores públicos; son simplemente operadores políticos del partido en el poder, nombrados desde Los Pinos.
  • Reconocimiento al representante de las megacorporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales -el CNA- como único interlocutor y beneficiario de las políticas gubernamentales del sector agroalimentario.

Por su parte, la CNC se ha desempeñado en esta época de la alternancia y en especial en el periodo 2003-2011 con un discurso antineoliberal y antigubernamental pero en la práctica, junto con el CNA, ha apoyado y legitimado a los gobiernos panistas -lo mismo que su partido- que han continuado y profundizado las políticas anticampesinas y de entrega de la soberanía alimentaria del país. Entre los hechos que confirman lo anterior tenemos los siguientes:

  • Aprobación de la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional y la negociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
  • Otorgó el visto bueno en el sexenio pasado a la propuesta gubernamental para la desintegración de la Comisión de Seguimiento del ANC (siete representantes campesinos y siete secretarios de Estado coordinados por el secretario de Gobernación) y para asignar el “seguimiento del ANC” al secretario de Agricultura, en ese entonces Javier Usabiaga, y al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural.
  • Asociación con Monsanto y participación activa y continuada en la campaña de dicho monopolio trasnacional para promover la siembra ilegal a escala comercial de maíz transgénico, pese haber firmado junto con la mayoría de las organizaciones campesina de México el manifiesto campesino del 31 de enero de 2008 en el que se compromete a luchar por una moratoria a la siembra de maíz transgénico.
  • Participación en la aprobación de los presupuestos rurales enviados por el Ejecutivo federal, sin cambios en su orientación anticampesina y cuyos beneficiarios principales han sido los agricultores comerciales del norte y las grandes corporaciones.
  • Oposición junto con el CNA a que el Procampo tenga una mayor progresividad y beneficie mayoritariamente a los pequeños y medianos productores.
  • Aprobación, junto con el CNA, del TLC con Perú siempre y cuando existan ciertos apoyos y fondos “de compensación y para la transición”.
  • Ha mantenido sin cambio alguno su subordinación al PRI y a sus gobernadores, desempeñándose como parte de la maquinaria de control y de utilización político-electoral del campesinado, impidiendo el surgimiento de la ciudadanía y el ejercicio pleno de los derechos de los campesinos y campesinas, retrasando y obstaculizando el empoderamiento y la resistencia de la población rural a las políticas neoliberales.

Lo anterior no significa que la CNC sea homogénea, sin contradicciones internas o que carezca de militancia y dirigentes valiosos. No significa que sea en sí misma una organización antagónica del movimiento campesino autónomo. Es posible aliarnos con ella en coyunturas específicas como lo hicimos en las negociaciones del ANC y otras luchas puntuales.

La necesidad de construir un referente campesino nacional autónomo y de izquierda. No habrá futuro para el campo sin un actor campesino nacional, sin un sujeto nacional, genuino, autónomo, con proyecto histórico, capaz de articular y conducir la organización y conciencia del campesinado hacia una lucha por el cambio del modelo neoliberal y la instauración de un nuevo paradigma agroalimentario y rural, en el contexto de la lucha por un nuevo proyecto de nación.

En este sentido, consideramos pertinente proponer al conjunto de las organizaciones y movimientos campesinos autónomos, de carácter nacional y regional, la creación de un referente nacional campesino de izquierda que tenga como propósito central unificar las fuerzas campesinas en torno a la lucha por el cambio del modelo neoliberal agroalimentario y rural, y la construcción de un nuevo pacto histórico con la sociedad urbana y el Estado mexicano.

Pensamos que la base de dicho referente podría estar constituida por las organizaciones de izquierda de la iniciativa El hambre no espera (ANEC, CCC, CIOAC, COCYP, CODUC, CNPA, FDCCh, UNORCA y UNTA), organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), que aún no participan en dicha iniciativa (AMUCSS, CNOC, MAIZ y Red Mocaf) así como otras organizaciones y movimientos importantes tales como el Barzón-ANPAP, AMAP y ANAA, entre muchísimos más.

La conmemoración del centenario de la promulgación del Plan de Ayala el 28 de noviembre próximo podría ser ocasión propicia para proponer al campesinado y a la nación una versión actualizada del Plan campesino siglo XXI y para constituir el 10 de abril de 2012 un espacio nacional de articulación y coordinación, con respeto a las autonomías de sus integrantes, de las organizaciones y movimientos campesinos nacionales y regionales.

Es importante precisar que esta iniciativa pretende construir un escenario en el que quite al CNA y a la CNC el monopolio de la incidencia en el rumbo de las políticas públicas. Y no tendría subordinación a ningún partido y/o candidato presidencial de izquierda, si bien no sería ajena a la lucha por lograr un gobierno progresista, nacionalista y antineoliberal en las elecciones del 2012, como condición necesaria, si bien no suficiente, para emprender un cambio del paradigma neoliberal en el campo, como parte de un nuevo proyecto de nación.

El campesinado no puede seguir sin cabeza. Sin ella, no habrá futuro.

Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Es indispensable frenar la competencia desleal de las importaciones procedentes de Estados Unidos (EU), a partir la entrada en vigor del décimo año del TLCAN y de la Ley Agrícola de EU (Farm Bill). Para esto, conforme señala nuestra Carta Magna, el Senado de la República debe declarar el campo mexicano en estado de emergencia social, económica, y ambiental y en consecuencia decretar la suspensión provisional por tres años del apartado agropecuario del TLCAN. Esto implica que en la Ley de Ingresos 2003 se establezcan a partir del uno de enero de 2003 aranceles y aranceles cuotas con impuestos ad valorem para las importaciones de las cadenas agroalimentarias básicas. Asimismo, se demanda que el Congreso de la Unión instruya al Ejecutivo que inicie un proceso de renegociación del apartado agropecuario del TLCAN.

2. Programa emergente 2003 y de largo plazo 2020. No basta con suspender y renegociar el TLCAN. Para que esto tenga sentido, hay que reorientar las políticas públicas para el sector agropecuario mediante la formulación de un programa emergente para el 2003 y un programa de cambios estructurales, basados en la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con un horizonte hasta el año 2020. Dicho programa debe fomentar la producción agropecuaria para el mercado interno. Debe reducir la dependencia alimentaria y reconstruir las cadenas alimentarias achicando las asimetrías entre los productores y las regiones rurales.

    Dicho programa debe ser formulado por una Comisión de Estado, donde intervengan Ejecutivo, Legislativo, representantes de los sectores sociales y productivos, así como de las universidades y los centros de investigación.

    3. Por una verdadera reforma financiera rural. Se trata no sólo de sustituir Banrural por otro organismo centralizado, sino de crear una banca social rural que apoye iniciativas locales y dotarla de un fondo suficiente de recursos.

    4. Asignación de 1 por ciento con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5 por ciento con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural para el 2003. El presupuesto para el sector rural se ha venido reduciendo sistemáticamente año con año. Es necesario incrementarlo del 0.62 por ciento del PIB (34 mil millones de pesos), al 1 por ciento aproximadamente, es decir, unos 60 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que los subsidios agrícolas estadounidenses han aumentado 300 por ciento de 1994 a 2002. Además, es necesario que ese presupuesto no sea ajustado más que por el Congreso de la Unión y que su orientación básica sea para impulsar y fortalecer la producción agroalimentaria para el mercado interno.

    5. Inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos. El libre comercio ha significado para los consumidores mexicanos la importación de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados, de chatarra y desecho. Por eso se demanda al gobierno una política de seguridad alimentaria, y la certificación de la inocuidad y calidad de los alimentos para el mercado interno, lo que exige una ley para el etiquetado de alimentos y para la información a los consumidores.

    6. Reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios. Las organizaciones campesinas demandan el cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés como paso indispensable para el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios y para el reinicio de las pláticas de paz en Chiapas.

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